Efectivos de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional cercaron ayer los denominados «bloques verdes» de las Tres Mil Viviendas para impedir el acceso a los mismos de los chabolistas del asentamiento de Tablada desplazados hasta la zona para intentar recuperar las viviendas que abandonaron a finales de marzo cuando salieron huyendo del barrio tras un un tiroteo que costó la vida a un menor.

 

El calor y las condiciones infrahumanas que viven en el asentamietno han podido más que el miedo a la venganza que propició el éxodo y ayer, de nuevo, las familias se trasladaron dispuestas a volver a las viviendas que ocupaban y que precintó el comisionado del Polígono Sur para su regularización. La Policía con material antidisturbios cercó la zona y al cierre de esta edición la tensión era máxima en la barriada.

 

Ante la situación del asentamiento en el que malvive un centenar de niños, ayer elportavoz de la asociación pro derechos del niño (Prodeni), José Luis Calvo, anunció que el lunes volverá a insistir en la Fiscalía de Sevilla, a la que denunció los hechos el pasado día 4 de junio, y «si no veo que vayan a tomar una determinación me dirigiré al Fiscal General del Estado y al presidente de la Junta de Andalucía para que abran un expediente y se investiguen las responsabilidades de la Administración en este caso, que clama al cielo».

 

La indignación de Calvo arrecia con el tiempo y el curso de los acontecimientos ya que, como se sabe, la Junta ha decidido darles a estos niños diez días extras y llevarlos a otros colegios que no son los suyos por las tardes para poder evaluarlos. «Eso tenía que haberlo hecho en abril -sigue Calvo- y llevarlos a sus escuelas no a otras y por las tardes, lo que me recuerda a un «apartheid» que en nada beneficia a nadie. También me gustaría saber y se lo preguntaré a Griñán si la consejera de Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, es autista para este sector de la población andaluza porque no la veo por ningún sitio».

 

El portavoz de Prodeni añade que se está demostrando que estos niños de raza gitana son de segunda categoría para la Administración pues el absentismo va contra la normativa y por mucho menos se han tomado medidas cuando se ha visto aniños sin ir a la escuela. No pasa por alto las condiciones en que están viviendo estos menores y sus familias «a las que ya ni las gasolineras de los alrededores les dan agua» y se lleva las manos a la cabeza «porque es inaudito que ninguna autoridad ni ONG ni colectivo humanitario les ayude, les lleve agua o tiendas de campaña adecuadas».

 

«¿Si hubiese un terremoto?» «¿Es que no hay recursos para estos casos así?. ¿Qué pasaría en Sevilla si hubiese un terremoto, nos veríamos todos así como estas personas? ¿Qué pasará en verano con ellos? ¿Y en septiembre que ya tienen que estar los niños en el colegio?», se pregunta.

 

A medida que pasan los días y llega el calor las familias gitanas pierden los nervios. Si hace días fue un grupo a la puerta de las oficinas del Comisionado para protestar, ayer intentaban volver a sus viviendas y están planeando, cortar el tráfico el martes.

 

Desde que a finales de marzo llegaron a los terrenos comprendidos entre el puente de Hierro y el de Juan Carlos I, la Junta sólo les ha dado un plazo de 15 días, que acabó el jueves 4 de este mes para que aporten documentación que acredite los títulos que poseen sobre las viviendas de las Tres Mil que dejaron cuando salieron huyendo del barrio tras un tiroteo que costó la vida a un menor.

 

Aparte de esta medida cuyos resultados se conocerán «en varias semanas porque se estudiamos caso por caso», la Junta decidió a una semana de fin de curso llevar a los niños a colegios por las tardes para evaluarlos.